ARTÍCULOS, AUDIOS Y VIDEOS DESTACADOS TOMADOS
DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Periódico EL TIEMPO de Bogotá "Por: Redacción Judicial 28 de agosto de 2008
Sergio Tovar, ex comandante de la Sijin en Sucre, y Libardo Duarte, un ex paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María, son los testigos que fueron manipulados por los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba , dentro del proceso de la parapolítica. Fue presentada una declaración juramentada de Duarte, quien el pasado 23 de abril aseguró ante la Fiscalía que Petro y Córdoba le pidieron que intercediera ante el paramilitar Francisco Villalba, condenado por la masacre de El Aro para que acusara al presidente Uribe de haber propiciado este ataque.
Señaló que en 2005, el senador del Polo Democrático le entregó un cheque personal del Banco de Bogotá. Sobre la intervención de la senadora liberal, Duarte explicó que se reunió con ella en una cafetería cerca a su sede política. Durante el encuentro ella le entregó cinco millones de pesos".
Periódico El Tiempo Mayo 13, 2007
"Testimonios - Uno de ellos se refiere a un ofrecimiento que el senador Gustavo Petro les había hecho a políticos enredados en el expediente de la parapolítica, con el beneplácito de Mancuso y el concurso de una periodista, información en poder de organismos de seguridad y de gente cercana a la cárcel de itagüí, señala que la propuesta consistía en que contaran algunas cosas, a cambio de asilo en venezuela".
Periódico El Tiempo 24 de abril de 2007"
El lunes, se conoció el testimonio de guillermo Sánchez que supuestamente compromete al senador Gustavo Petro con Rafael García – "tenían una propuesta del senador Gustavo Petro, que me daban cien millones de pesos y por seguridad me llevaban a Venezuela y me daban unos negocios de distribución de medicamentos para que yo declarara en contra del señor Jorge Noguera-, dijo Sánchez a los fiscales ante la corte".
(Las publicaciones citadas pueden ser verificadas por el Diario El Tiempo de Bogotá)
El ex-guerrillero ahora candidato presidencial . Gustavo Petro inexplicablemente sigue libre y viaja por todo el mundo tratando de desestabilizar y hundir económicamente a Colombia para ayudar a las terroristas FARC a y tomarse el poder con la colaboración de Piedaed Córdoba, otra senadora quien abiertamente protege a las FARC e invita a los jóvenes universitarios a que desestabilicen el país. Hoy también lo protegen Roy Barreras , Armando Benedetti., Gustavo Bolívar. entre otros muchos Su intención es desestabilizar a Colombia y.apoderarse el poco dinero que tenemos ahorrado y apoderarse de las fortunas
de los colombianos que han ayudado generando empleo para miles de colombianos. Su intencion es formar otra Cuba aqui donde le gente sea paupérrima. Ese dinero que se piensa robar Petro no es para los colombianos sino paa suriqueza personal ue de sí es cuantiosa.
14 de mayo de 2022
La Comisión de la Verdad tiene patente para mentir, calumniar y abusar.
(Tomado del periodico El Tiempo)
Por el Dr. Álvaro Uribe Vélez
El art. 29 del decreto 588 de 2017 consagra una impunidad total a todo lo que diga, sugiera, recomiende la Comisión de la Verdad. No hay modo de defenderse de sus abusos.
El Padre de Roux me expresó que se necesitaba ampliar el plazo para no interferir elecciones. Sin embargo, el comisionado Alejandro Valencia Villegas ha anticipado el informe sesgado sobre los falsos positivos, en el cual acusa a mí Gobierno de haber incentivando asesinatos.
El comisionado Alejandro Valencia Villegas ha tenido manifiesta actitud política en contra de mi persona, ha sido abogado contra la Nación por el bombardeo de la Fuerza Aérea a un grupo terrorista en Santo Domingo, Arauca, hechos ocurridos antes de mi Gobierno.
Es una irresponsabilidad señalar a mi Gobierno de incentivar asesinatos. Nadie tiene las más mínima evidencia de que mi persona hubiera ordenado, tolerado o incentivado asesinatos. Cuando digo nadie es nadie en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, en el órganos de control que siempre asistían a nuestros consejos de seguridad. Al contrario, lo que hice fue tomar medidas, desde el principio del Gobierno, para que la política de Seguridad Democrática fuera rigurosa en la observancia de la transparencia.
Así consta en el informe público de 63 puntos. Pero esto lo desconoce la Comisión de la Verdad, acosada por muchas ONGs, que por sus orientaciones políticas han sido enemigas del derecho de los colombianos a vivir en un país seguro.
El marco de impunidad de la Comisión, elevado a rango Constitucional, de manera ilegítima al desconocer el Plebiscito, no me deja más camino que apelar reiteradamente a la opinión pública, nacional e internacional, para defender mi proceder firme y transparente que bastante sirvió a Colombia y defendió unas tesis útiles a muchos países hermanos.
No hay pruebas contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez: Fiscalía (Tomado de la FM)
Por Jenny Rocio Angarita
Se cumplen cinco días en los que el ente investigador sigue solicitando la preclusión de la investigación.
El fiscal delegado, Gabriel Jaimes Durán, reveló que no existen pruebas que incriminen al exsenador Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación que se adelanta en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Explicó además que “nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para supuestamente presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve”.
En la audiencia realizada durante este miércoles, el Fiscal Jaimes terminó dos de los seis puntos que hacen parte de los argumentos con los que sustenta la solicitud de preclusión de la investigación.
Entre lo que explicó Jaimes se encuentra la supuesta retractación del testigo clave dentro de este caso Juan Guillermo Monsalve, en la que se tuvo en cuenta las declaraciones que concedieron ante la Corpore Suprema de Justicia del exrepresentante Álvaro Hernán Prada y Carlos Eduardo López Callejas alias ‘Caliche'.
Según la investigación de la Fiscalía, alias ‘Caliche' suministró videos y audios de conversaciones que sostenía con Monsalve como interlocutor con el exrepresentante Prada, con el objetivo de buscar el video en el que se retractara de lo que había manifestado contra Uribe Vélez.
Callejas aseguró ante la Corte Suprema de Justicia aseguró que el exrepresentante Hernán Prada delante suyo se comunicó telefónicamente con Uribe Vélez y lo puso en altavoz para demostrar que, él era un enviado suyo.
Durante la diligencia que se extendió durante todo el día, e l Fiscal mostró varios audios recopilados en notas de Whatsapp.
Posteriormente ante la Fiscalía General, reconoció que le mintió a Monsalve con respecto a la supuesta llamada telefónica y que esa comunicación nunca existió.
“Todas las versiones, señalan que nunca hubo llamada puesta en altavoz en la que Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada. No hay ninguna que los acredite y solo hay un audio suelto de 'Caliche' a Monsalve”.
5 de agosto de 2021
Revelan carta del 'Tuso Sierra" que serviría para demostrar inocencia de Álvaro Uribe
(Tomado de la FM)
Por Jenny Rocio Angarita
El documento fue escrito el 12 de diciembre de 2018 y fue dirigido a la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, reveló una polémica carta escrita en 2018 por el exparamilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias 'El Tuso', como una de las pruebas con las que advirtió que se demuestra la inocencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta en su contra por supuesta manipulación de testigos.
En la misiva, 'El Tuso' aseguró que la exsenadora Piedad Córdoba y a los actuales senadoresRodrigo Lara e Iván Cepeda lo buscaron en la cárcel en la que se encontraba privado de la libertad en Estados Unidos para ofrecerle beneficios como asilo para él y su familia en Suiza o Francia a cambio de declarar en contra del Álvaro Uribe Vélez y varios de los integrantes de su familia.
El supuesto acuerdo incluía relacionar al máximo líder del Centro Democrático con grupos paramilitares , así como delatar a jefes de las autoridades, militares, políticos y empresarios que también tuvieran ese vínculo.
Juan Carlos Sierra Ramírez fue uno de los testigos que han declarado a favor del exsenador y han defendido su honorabilidad y buen nombre.
Sin embargo, en la carta también se mencionó a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, que al parecer tendrían alguna intención de afectar a Uribe.
Durante la primera parte de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves, el fiscal Jaimes hizo lectura del documento que fue escrito el 12 de diciembre de 2018 y que fue entregado al alto tribunal, esto como prueba de un supuesto plan con el que pretendían desprestigiar a Uribe y defender al senador Iván Cepeda.
"Yo Juan Carlos Sierra conocido con el alias del 'El Tuso' proveo la siguiente declaración con mi libre albedrío, afirmo también que no he sido inducido por nadie, ni que he recibido ninguna clase de compensación o cambio por esta misma; yo fui extraditado desde Colombia a Estados Unidos en mayo del 2018, después de mi llegada fue encarcelado en Washington pendiente de la resolución de mi caso criminal", señala la carta.
"En el 2009 mientras estaba encarcelado en Estados Unidos, recibí una solicitud de varios oficiales colombianos requiriendo una visita formal, fui informado que los oficiales describieron que hacían parte del Movimiento Nacional de Víctimas y las Comisiones de Paz de Cámara y Senado colombiano entre los cuales estaban la senadora Piedad Córdoba, el representante Rodrigo Lara e Iván Cepeda", dice otro de los apartes.
"Yo acepté la solicitud e instruí a mi abogado de defensa, para que organizara los procesos legales para llevar a cabo la visita, y que esta misma se hiciera de acuerdo a los procedimientos legales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos; se le informó y se le mandó la solicitud de esta visita al gobierno del distrito de Columbia, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Departamento de Correccionales y a la compañía encargada de operar las cárceles; yo poseo copias de todas las notas y solicitudes dadas a mi abogado defensor y a la cárcel que se hicieron para obtener la visita después, que fue autorizada la solicitud para la visita, la cual fue llevada a cabo, por Iván Cepeda, la senadora Piedad Córdoba, el representante Rodrigo Lara y otros", señaló 'El Tuso' Sierra.
"En esa misma reunión se encontraba mi abogado defensor Manuel J. Retureta y Salvatore Mancuso, quién era un codependiente de mi caso criminal. La reunión empezó con preguntas generales acerca de mi salud y sobre las condiciones de mi confinamiento, rápidamente solicitaron mi asistencia en las investigaciones del entonces presidente Álvaro Uribe y sus presuntos nexos con grupos paramilitares, me preguntaron si tenía conocimiento de algún nexo entre autoridades colombianas oficiales, militares, políticos y empresarios con grupos paramilitares", añade la misiva
"Durante la reunión me hicieron preguntas específicas acerca de grupos paramilitares y querían hablar sobre el caso de José Orlando Moncada Zapata alias 'Tasmania', pero estaban particularmente interesados en información acerca del entonces presidente Uribe. Durante esta reunión se me ofreció asilo para mi familia específicamente en Suiza o Francia, si brindaba información de nexos entre los Uribe y los grupos paramilitares", destacó el exparamilitar.
"La senadora Piedad Córdoba ayudó a Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna' y a Salvatore Mancuso a sacar a sus familias tanto como para Argentina e Italia, a cambio de información sobre políticos, oficiales, colombianos o empresarios con nexos con paramilitares. Se me informó también que Rafael Barrios, Danilo Rueda y el padre François, estaban involucrados en los procesos y que podían ayudarme, me dijeron que Rueda estaba listo para preparar la solicitud de asilo y recibir la información de mi familia", dice la carta.
"En otro momento fui visitado por Francisco Echeverri Lara, director en ese entonces de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el doctor Luis González León, jefe de Justicia y Paz para ese entonces, me informaron que harían todo lo posible para ayudar a mi familia a obtener visas a Estados Unidos; en esa reunión se me ofreció repetidamente el asilo para mi esposa, mis hijos, mis suegros, e incluso mi cuñado, las opciones y así lo seguían siendo Suiza o Francia, siempre y cuando cooperara con la información requerida , yo tengo copia de todos los documentos solicitados para el asilo, pasaportes, reportes de los colegios, pasados judiciales, etc", destacó.
"Desde esa visita, yo fui informado que el mismo grupo de oficiales colombianos hicieron otra solicitud formal para que los recibiera, yo rechacé esta segunda visita ya que concluí que al yo no tener ninguna información acerca de Uribe, con nexos paramilitares, ellos decidieron no procesar el asilo", manifestó el exparamilitar.
"Yo he afirmado constantemente que jamás he conocido personalmente al expresidente Uribe y que no tengo ninguna información sobre algún nexo de él, con grupos paramilitares. En el 2010 mientras estaba encarcelado en la cárcel regional de Virginia, recibí información que otro oficial colombiano estaba interesado en visitarme y entrevistarme, la información vino de Rodrigo Aldana quien entonces era el abogado defensor de otro extraditado colombiano y quien 10 años después fue fiscal y ahora cumple una condena por corrupción en Colombia", añade la misiva.
"El oficial era el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Iván Velásquez, cuándo acepté la visita me informaron los fiscales estadounidenses que debía cooperar con el oficial colombiano, ya que eso era parte del acuerdo al que yo había llegado con la justicia americana", dijo Sierra.
"Velázquez estaba acompañado por el procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia de nombre Jairo Salgado, nos reunimos varias veces y mi abogado Manuel J. Retureta, siempre estuvo presente; el magistrado Velásquez me preguntó sobre información de los Uribe, fuerza pública, políticos de Antioquía y empresarios conexos paramilitares y me pidió seguir colaborando con la Comisión de Justicia y Paz", añade otro aparte de la carta.
"Yo le informé al magistrado acerca de las dificultades que mi familia estaba pasando en Colombia y el afirmó querer ayudarme a sacarlos del país, me informó que Francia ya no era opción para el asilo y que Suiza era la opción más viable siempre y cuando le diera información que él solicitaba; me habló que su animosidad con Uribe, era personal desde la Universidad de Antioquía, Velásquez grabó todas nuestras conversaciones que luego fueron filtradas a la prensa, en dos ocasiones el magistrado apagó la grabadora para preguntarme de una sobre Uribe y la otra cerca del caso 'Tasmania' ".
"En estas reuniones con el magistrado Velásquez, yo mantuve la misma posición que mantenido siempre y es la que no tengo ninguna información sobre nexos entre grupos paramilitares y el expresidente Uribe. En el 2015 luego de ser puesto en libertad y vivir en los Estados Unidos, acepté reunirme en dos ocasiones con el periodista Juan Carlos Giraldo, la primera vez hacía parte del grupo de investigaciones de RCN y la segunda, hacia parte del equipo de Noticias Caracol; la primera nos reunimos en un hotel de Miami y la segunda en un hotel cerca del aeropuerto de Miami", relató en la carta.
"Giraldo me indicó que Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y el magistrado José Luis Barceló, me mantendrían en el programa de Justicia y Paz, si proveía testimonio de testigo en contra de Uribe , si no sería expulsado también me ofrecieron un principio oportunidad, el cual me permitiría aliviar los casos pendientes en Colombia", añadió.
"Ellos tenían la información de que yo estaba en aquel entonces escribiendo un libro, y me ofrecieron una mejor oportunidad con otra editorial y con un avance de 100 millones de pesos, al yo repetir que no tenía ninguna información sobre supuestos nexos entre Uribe y otros grupos paramilitares , el negocio propuesto nunca se concretó", señaló Sierra.
"A través de este medio yo afirmo que la información que proveo en este documento es verdadera y precisa con base a lo mejor de mis recuerdos", acotó finalmente el exjefe paramilitar.
La Fiscalía sigue sustentando la solicitud de preclusión en la investigación contra el exmandatario.
Si nos atenemos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia, sencillamente, no es un Estado de derecho. Aquí, por lo visto, no existe ni una rama legislativa, mucho menos una rama judicial independiente. Tampoco existen Fiscalía, Procuraduría ni Defensoría. Tenemos una constitución de mentiras que en nada se cumple. Somos, por decir lo menos, una dictadura igual a Venezuela o Nicaragua y eso explica que nos propongan la misma receta.
Nadie puede sorprenderse del informe al observar el origen, formación y trayectoria de los integrantes de dicha comisión. En su gran mayoría han sido y son verdaderos activistas, no esconden sus pasiones políticas y en nada se comportan de manera imparcial. Su función aquí y en donde actúen siempre ha sido acusar. No se explica bien por qué Colombia, en su momento, votó por todos ellos.
Por eso, de nada valieron las intervenciones de los funcionarios o el humillante besamanos al que sometieron a todo el gabinete y al propio Presidente. De antemano se sabía el resultado de la visita. Ilusos los que pensaron en tener un informe objetivo y ponderado.
Estoy en desacuerdo con las 41 órdenes del informe, pero me referiré a las que me parecen más atrevidas, insultantes y alejadas de la realidad de nuestro país.
¿Qué tal la recomendación de trasladar la Policía Nacional al Mininterior, cuando llevamos 60 años tratando de formar una policía apolítica y profesional? ¿Qué tal cuestionar la asistencia militar asimilando a Colombia con países donde claramente la intervención del ejército se ha desbordado? ¿O solicitar reformas constitucionales como la referente a la Justicia Penal Militar? Qué desconocimiento del país, de su realidad, de su historia, y qué pretensiones.
O qué tal la propuesta de someternos a mecanismos permanentes y especiales de seguimiento, como si fuéramos unos inimputables, delegando en unos burócratas internacionales la coadministración del Estado, como si aquí no existieran instituciones.
O la temeraria justificación de que los colombianos tenemos que someternos a los bloqueos, ahora rebautizados como “cortes de ruta”. Habrase visto tamaño atrevimiento. Todos nuestros derechos suspendidos por el ejercicio sagrado y sin límite de la protesta. Estos “cortes de ruta” nos han costado muchas vidas y más de 15 billones en pérdidas. ¿Quién responde? No es tema que preocupe a la Comisión.
Los expertos encontraron contradicción en las cifras de desaparecidos y víctimas, pero en pocos días y sin saberse bien la metodología adoptada resolvieron validar las aportadas por las ONG, los miembros del comité del paro y los sindicatos. Esas cifras y criterios sí les merecieron toda credibilidad, al punto de achacarle responsabilidad al Estado, aun de las probadas muertes de los bebés por causa de los bloqueos.
Y sin saberse por qué, pues el tema ni siquiera era objeto de la visita, insisten en la tesis del caso Petro, anticipándose al pronunciamiento de la Corte Interamericana, que seguramente descalificará la reforma de la Procuraduría para el juzgamiento de los aforados.
La conclusión más clara del informe es un NO rotundo al control de las protestas, no al uso de la Fuerza Pública, ni proporcional. Bajo ninguna circunstancia la asistencia militar, aun en casos desbordados de vandalismo y terrorismo, y un SÍ a los bloqueos y a todas las modalidades de protesta, sin importar la afectación a los derechos de todos.
Hace pocos días, y a propósito de esta visita, planteé la conveniencia de sustraer al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana, como ocurre con EE. UU. y Canadá. Porque advierto que la Comisión ya no se limitará a recomendar, sino a exigir. Importante recordar el precedente de Brasil en el caso de la represa Belmonte, en el cual ese país se hizo respetar y la Comisión tuvo que dar marcha atrás. Ya verán que las pretensiones son que esas 41 órdenes sean vinculantes y, además, cumplan la función de respaldar cualquier demanda ante la Corte Interamericana. Ya va siendo hora de que también nosotros nos hagamos respetar. Muy al contrario de tener que vivir en modalidad de miniconstituyente para incorporar estas pretensiones y aquellas que vayan surgiendo a capricho de tan altos comisionados.
GERMÁN VARGAS LLERAS
8 de julio de 2021
Rafael Nieto Loaiza habla sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
14 de junio de 2021
Exclusivo: Uribe le responde en SEMANA a Santos sobre los falsos positivos | Semana Noticias
En las últimas semanas hemos visto cómo los vándalos atentan contra los miembros de la policía, cómo los comentaristas presentan las noticias más destacadas cuando un miembro de esta institución falla en su misión y comete excesos, vemos también cómo, en las llamadas redes sociales que van a todos los rincones del país y a los del mundo entero, las noticias que afectan a la institución policial son las más frecuentes, afectando su imagen. Se trata de acabar con el prestigio y el actuar de sus miembros.
Las noticias verdaderas y favorables a la policía poco se dan. Cuando son atacados con violencia y sin misericordia, no se informa. Cuando asesinan a uno de sus miembros, los tiene sin cuidado. En fin, las noticias que muestran los sacrificios que hacen quienes nos defienden de los vándalos, poca divulgación merecen.
Es doloroso ver cómo, un policía, por defendernos a nosotros, termina con su cabeza en llamas producto de una bomba incendiaria que le lanzaron los revoltosos. Tiene que dolernos, como nos duele, la violación de una niña, que hieran y violen a una policía que estaba en un CAI para protegernos a los ciudadanos. Nos tiene que llegar al alma, ver a unos policías dentro de un CAI en llamas y tratados de cerdos que van a morir quemados, además de tratar de impedirles su salida.
La policía es una institución del Estado, creada para velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de los ciudadanos, para defender la vida y bienes de los colombianos, para velar por la observancia del orden público, para velar por la paz que debe reinar en el país. Ahora, buena parte de la ciudadanía hace más énfasis en los errores que seguramente cometen algunos miembros de la institución, que en los sacrificios que hacen por nosotros.
Es por lo menos curioso que 169 ataques a médicos que prestan servicios no merezcan tanto espacio en las noticias como sí lo ocupan las acciones fuertes de la policía. Los ataques a las ambulancias en servicio, con daño a los equipos, amenazas a los ocupantes no merezcan el despliegue periodístico que sí se les da a las noticias en contra de la policía.
Duele ver que al recuerdo de quienes nos dieron la nacionalidad y quienes nos dieron la independencia son atacados en sus monumentos y tales hechos vandálicos no merezcan el repudio de la comunidad ni de los medios. Simón Bolívar, Sebastián de Belalcázar y otros que se recuerdan en sus efigies en bronce, son atacados como si fueran peores bandidos que los atacantes. Poco espacio informativo se les ha dado a estos hechos.
Los alimentos escasean por el taponamiento de las carreteras, los campesinos, productores de esos alimentos, los tienen que botar. El puerto de Buenaventura ha perdido gran parte de su movimiento de barcos porque los bienes transportados no pueden salir del puerto hacia el interior y los bienes de exportación se pierden en el puerto. Bebés recién nacidos mueren porque no los pueden llevar a los hospitales. En fin, es un caos completo que buena parte de los colombianos no rechazan. Muy grave este hecho repudiable.
¡Cómo se atreven estos vándalos criminales a bloquear las carreteras para que la comida no pueda llegar a los colombianos! ¡Qué falta de humanidad, qué falta de cordura! Bien sabemos que lo que pretenden es tomarse el país, destruir su democracia y arrodillar al gobierno libremente electo por el pueblo.
¿Cómo se atreven a aprovecharse de este horrendo momento cuando los ciudadanos están agotados por las penurias causadas por la pandemia, cuando temen contagiarse y, Dios no quiera, morir, cuando muchos han perdido su trabajo o su negocio, cuando hay pobreza y hambre?
Entonces, en medio de tanto dolor, miedo y desasosiego, es cuando estos bárbaros deciden acabar con la infraestructura del país, sus medios de transporte, comercios y bancos que dan empleo y, encima de todo bloquear pueblos y ciudades.
Y ¿qué de las pérdidas económicas causadas por los destrozos y los bloqueos, qué de los agricultores grandes y pequeños que tuvieron que botar sus productos, leche, frutas y verduras, huevos, por no poder transportarlos? ¿Qué de lo humildes tenderos sin productos para ofrecer, qué del hambre causada?
¿Cómo se atreve el New York Times a atacar la justa defensa de la Policía Nacional contra estos salvajes que
prenden fuego a los Centros de Atención Inmediata, CAI, donde la comunidad encuentra siempre, cerca de sus viviendas, policía dispuesta a protegerlos y ayudarlos? ¿Acaso esos periodistas no han visto cómo estos criminales han prendido fuego a los CAI, con policías adentro, con la intención de quemarlos vivos?
Y Gustavo Petro se atreve a decirle al presidente Duque: “no existe en Colombia ningún derecho a matar ciudadanos, a abusar sexualmente de menores, por parte de funcionarios públicos, a dañar los ojos de la juventud, a torturar y desaparecer”, cuando todos estos crímenes, no son crímenes de Duque; son la exacta descripción de lo su guerrilla M-19, hizo por décadas. ¡Jamás! hemos oído a Petro pedir perdón por esos crímenes. Pero, óigase bien, los colombianos NO los hemos olvidado.
Tienen estos criminales, sus líderes, especialmente los camuflados, sus compinches y patrocinadores, quienes los financian y apoyan, quienes publican falsedades contra la policía y el gobierno ¡mucho descaro!
Esto es lo que dice el Estatuto de Roma sobre que se considera Crimen de Lesa Humanidad: “El exterminio comprenderá (...) la privación a alimentos o medicinas (...) encaminada a causar la destrucción de parte de la población”. Es esto exactamente lo que los criminales que han bloqueado la llegada de alimentos y medicinas a ciudades y pueblos están haciendo.
Con derecho y con razón Duque ordenó: “No existe en Colombia ningún derecho a obstaculizar vías; ningún derecho a afectar los derechos de los demás. He dado instrucciones a la fuerza pública para que desbloquee vías en el país, en trabajo con alcaldes y gobernadores, y con estricto cumplimiento de los derechos humanos”.
14 de mayo de 2021
Totalmente increíble e inadmisible: "55 congresistas demócratas de EEUU piden suspender ayuda a la Policía Nacional de Colombia". ¿De quién estarán recibiendo tan falsa información esos miembros del congreso estadounidense para acabar con nuestras fuerzas armadas? Obviamente de bandidos congresistas colombianos y de otros sujetos que quieren destruir nuestras Fuerzas Armadas y destruir nuestro pais para tomarse el poder.
13 de mayo de 2021
El impactante discurso de defensa que, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, hizo del país ante los representantes del continente:
"Señora presidente, colegas:
Aprovecho esta oportunidad para contextualizar con ustedes los hechos que vienen ocurriendo en Colombia como consecuencia del paro nacional y las acciones que se desarrollan en busca de la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, entre los que se incluye el derecho a la protesta pacífica; pero también los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la libre circulación y a la atención en salud, este último prioritario a propósito de la pandemia.
Coincidimos en la legitimidad de la protesta social. En Colombia, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, se han realizado 2.682 concentraciones. Las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado.
EL VANDALISMO
Pero es preciso hacer distinciones. Un asunto es la manifestación pacífica y otro el vandalismo. Unos son los sectores que manifiestan sus inconformidades y peticiones bajo las reglas de la Democracia y otros los desadaptados que atentan contra la sociedad y pretenden destruir todas las instituciones, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen trasnacional.
Así como el Estado colombiano trabaja para garantizar los derechos del primer sector, despliega todas las herramientas legales para enfrentar al segundo.
GENERADORES DE VIOLENCIA
Hay una verdad que no podemos ignorar. Quienes hacen parte de la protesta no son generadores de violencia o caos y merecen toda la atención, respeto y garantías, pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo. Es decir: protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción y zozobra en la noche.
NO NOS EQUIVOQUEMOS
No nos equivoquemos. Hay una furia nihilista contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad, contra nuestros símbolos históricos, nacionales y religiosos. NADA TIENE QUE VER CON LAS JUSTAS DEMANDAS. La estrategia ha sido clara: pretenden debilitar al Estado, deslegitimar la autoridad, humillar a las fuerzas del orden y hacerlo todo cenizas en el fuego de las barricadas.
VIOLENCIA ORGANIZADA
La historia se repite. Un proyecto de reforma tributaria presentado con la intención de atender las afectaciones generadas por la pandemia, produjo el malestar de diversos sectores, causando, INSISTO CON LA DISTINCIÓN, una protesta legítima, pero también una violencia organizada de tintes anarquistas.
Y de esta violencia hacen parte organizaciones terroristas y ligadas al narcotráfico como el ELN y las disidencias de las FARC. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales que hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada víctima, en cada jornada de caos.
INTERESES EXTERNOS
Hay intereses externos que intentan construir narrativas de un Estado colombiano violador de Derechos Humanos, para que su discurso permeé eventuales decisiones de organismos internacionales. Desconocen que la institucionalidad colombiana ha salido airosa de otros intentos de desprestigio. Desconocen que nuestro pueblo respeta y agradece la acción de su Policía y de sus Fuerzas Militares.
PRUEBAS AL CANTO
Un resumen de las consecuencias de esta violencia. Las cifras hacen referencia a hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 10 de mayo:
1.362 bloqueos a vías públicas
716 particulares lesionados, 32 fallecidos
849 miembros de la Policía lesionados, 12 con armas de fuego. Uno de ellos, el capitán Jesús Albero Solano, fue asesinado.
987 buses se servicio público vandalizados e incendiados en Bogotá
421 oficinas bancarias afectadas
305 acciones contra establecimientos comerciales, 143 saqueados
156 estaciones de transporte afectadas
11 monumentos culturales afectados
2 entidades religiosas vandalizadas
98 instalaciones policiales afectadas
667 capturas
51 ciudadanos extranjeros identificados en actividades de protesta. 6 fueron expulsados del país. 14 incurrieron en presuntos delitos.
378 armas de fuego incautadas
72 elementos explosivos incautados, así como 11.534 armas cortopunzantes
GRAVES DENUNCIAS
Dos casos puntuales y dramáticos. Una ambulancia fue vandalizada por manifestantes que bloquearon una vía. En su interior, una mujer estaba en trabajo de parto. Su bebé recién nacido falleció ante la impotencia de quienes les brindaban atención médica.
En Bogotá, más de 10 miembros de la Policía fueron encerrados en un Comando de Atención Inmediata. Sus agresores intentaron, ÓRGASE BIEN, QUEMARLOS VIVOS.
NO MÁS
Este vandalismo criminal, señores embajadores, es el que ha obligado a la intervención legítima de nuestra Policía con el respaldo de las Fuerzas Militares. El Estado tiene obligaciones Y NO DEBE, NO PUEDE Y NO QUIERE tolerar la violencia ni claudicar ante quienes la ejecutan. No vamos a permitir que el Estado sea desbordado y paralizado por estos encapuchados, que en muchas ocasiones son pagados por estructuras ilegales.
EL LEGÍTIMO DERECHO
Mucho se habla en distintos escenarios, incluso en algunos de la institucionalidad multilateral, del uso excesivo de la fuerza. Poco se habla en estos canales del uso legítimo de la misma. Bien se ha dicho: EL DERECHO SIN LA FUERZA ES LA ANARQUÍA, LA FUERZA SIN EL DERECHO ES LA BARBARIE. Algunos sectores pretenden criminalizar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, mientras ellos arriesgan su vida misma para proteger los derechos de TODOS los ciudadanos.
ESTADO CIEGO
No estamos acá para pretendernos un Estado ciego ante hechos que pueden significar la vulneración de derechos de algunas personas que participan en las marchas. El Gobierno ha sido claro: todo servidor público que participe en estas acciones será investigado y sancionado ejemplarmente. Las detenciones, procesos judiciales y la primera condena en el caso de excesos policiales contra el ciudadano Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre del año anterior, así lo demuestran. Frente a los sucesos actuales, existen investigaciones disciplinarias a 65 miembros de la Fuerza Pública por presunto abuso de autoridad, presuntas agresiones, presunto homicidio y posible incumplimiento a órdenes.
DÍAS COMPLEJOS
Son días complejos en Colombia y hay retóricas que no aportan en la búsqueda de soluciones. Sin verificar la información, sin consultar al Estado y sin filtro alguno, a veces con muchas redes sociales y poca responsabilidad, se están haciendo señalamientos y sugerencias tan graves como insultantes al Estado y al pueblo colombiano. FLACO SERVICIO LE PRESTAN A LA DEMOCRACIA QUE DICEN DEFENDER.
INFLUENCIADORES Les comparto un dato revelador de la estrategia para implantar narrativas a través de políticos y de lo que hoy se conoce como influenciadores. Hablan de más de 500 desaparecidos en las protestas, pero la mesa interinstitucional de información de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo reportó el lunes que NO EXISTÍA UNA SOLA DENUNCIA FORMAL por el delito de desaparición. De los reportes informales se han localizado a 227 personas.
DEFENSA DE LOS MILITARES Y POLICÍAS
Los Derechos Humanos no son exclusivos de un solo sector de la sociedad. HAY QUE LLORAR POR LOS DOS OJOS. Los policías y militares tienen derechos; los ciudadanos desabastecidos de alimentos tienen derechos; así como quienes padecen la falta de oxígeno o no pueden vacunarse contra el covid. Los pacientes con diálisis que debieron interrumpir sus tratamientos y las personas con cáncer que vieron suspendidas sus quimioterapias por causa de los bloqueos también tiene derechos.
EL BLOQUEO
El pretendido derecho al bloqueo de vías no puede poner en riesgo los derechos a la vida, a la salud, al abastecimiento de medicinas y alimentos de la mayor parte de los ciudadanos. La autoridad tiene el deber de desbloquear las ciudades sitiadas por tal chantaje. Los derechos del bebé que falleció por una vía bloqueada y los de los enfermos que agonizan a la espera de sus medicamentos, deben estar por encima de todo.
Presidente, me excuso por la extensión de esta intervención, pero no quiero cerrarla sin insistir en dos temas:
Primero: Invisibilizar los derechos de ciudadanos que no participan en protestas y de policías y soldados que trabajan para garantizar la seguridad durante ellas, es una forma de legitimar las acciones del vandalismo criminal.
Segundo: Equiparar la violencia desbordada de los desadaptados con el uso legítimo de la fuerza de las autoridades, es promover que los delincuentes sigan intentando encerrar y quemar vivos a otros seres humanos.
