En lugar de pontificar desde la tribuna de la Corte Constitucional, debería sentir pena por su herencia funesta. Si existe alguien en este mundo que no debería abrir la boca, sino para pedir perdón, es Juan Manuel Santos. Está técnica, ética y moralmente inhabilitado para hablar sobre la manera de reducir la superficie de cultivos de coca. Toda su política consistió en multiplicar al infinito la producción de matas y de cocaína, así como profundizar y expandir un problema social y de orden público que costará varios gobiernos, cuantiosos fondos y cientos de vidas solucionarlos.

Nadie puede jurar que la erradicación con glifosato sea la panacea ni un procedimiento definitivo para contener un cáncer agresivo que hizo metástasis, pero tampoco el terror de la Humanidad y la Naturaleza, como pretenden venderlo.Cuesta entender el fervor santista para atacar un químico cuyos efectos secundarios aún están en estudio y no existen conclusiones definitivas. Si en realidad fuese tan abrasivo, no volverían a sembrar en el mismo sitio.

"Santos encontró 48.000 hectáreas de coca sembrada, gracias en buena medida a la erradicación aérea, y entregó 200.000".

Hasta ahora, y mientras esperamos que el mundo decida legalizar las drogas en todos los países con el fin de que no mueran quienes la combaten, lo único probado es que Santos encontró 48.000 hectáreas de coca sembrada, gracias en buena medida a la erradicación aérea, y entregó 200.000. Y que las toneladas de cocaína subieron a 1.379 y la violencia por el control del negocio se disparó por su culpa.

¿Acaso desconoce que la guerra del Catatumbo por la coca, entre Epl y Eln, causa más muertos que ese químico? ¿Por qué cree que no se desmovilizó el Frente Primero de las Farc y de qué vive en Guaviare? ¿ Y el Sexto en el Cauca, que ni siquiera entregó el armamento? ¿Se pregunta la razón para que nacieran la Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico en Tumaco? ¿O cómo se ha fortalecido el Epl al punto de arribar al norte del Cauca, donde jamás tuvo presencia? ¿O qué pelean el ‘clan del Golfo' y el Eln en lugares como el San Juan? 

También cabría preguntarle qué ha provocado más masacres, ¿el glifosato o los enfrentamientos sanguinarios por el control de las 200.000 hectáreas que nos dejó? ¿Qué desplaza más? ¿Qué devasta más naturaleza? De pronto, para Santos no cuentan los 128 policías, soldados y jornaleros asesinados mientras trabajaban en la erradicación manual, en un periodo de diez años. Ni los 678 heridos en la misma labor, muchos con mutilaciones que truncan sus vidas. Ni las matanzas de El Plateado y del Tarra del año pasado, por mencionar solo dos. ¿Puede mostrar una cifra igual de espantosa por causa del glifosato?

En sus ocho años de presidencia, ¿analizó el destino de los desechos de los laboratorios de base de coca, altamente contaminantes, empezando por las toneladas de hojas podridas que contienen gasolina, cemento y otros insumos destructivos? ¿Inquirió en veredas de Argelia, sur del Cauca, cómo hicieron para solucionar ese problema, que creció de manera tan alarmante que no sabían dónde botarlas? ¿Sabe si hallaron un lugar apropiado para arrojarlas? 

Después de dos décadas recorriendo zonas cocaleras, no tengo la menor duda de que no es cuestión de discursos rimbombantes, cargados de intereses politiqueros, sino de visión y pragmatismo. Solo la combinación de métodos de erradicación represivos con programas serios y efectivos de desarrollo a medio y largo plazo conseguirá debilitar, tras varios lustros, una enfermedad que margina y empobrece a esa otra Colombia.

Planes, en suma, contrarios a la engañifa de Santos, quien pintó un país imaginario que apenas existía en los escritorios bogotanos, realizó promesas de soluciones imposibles y aplicó programas improvisados, corruptos y despilfarradores.

Si tanto le preocupa el cáncer que dizque causa el glifosato, ¿por qué nunca prohibió el asbesto, como hizo la Unión Europea en el 2005? Es evidente que otros eran sus intereses.

14 de marzo de 2019

LO QUE MAL COMIENZA...

Por: Thierry Ways     (Tomado del periódico El Tiempo)

“Escoba nueva barre bien”, dice el refrán popular. Pero eso no parece aplicar para la Jurisdicción Especial para la Paz. En su primer año de existencia, su secretario general salió en medio de una puja de poder dentro de la organización; otros funcionarios, entre ellos una directora de asuntos jurídicos, han sido señalados de favorecer a miembros de las Farc; una importante carta, de la que dependía la extradición de Jesús Santrich, se extravió en el correo; y uno de sus fiscales fue grabado mientras, presuntamente, recibía fajos de dólares con quién sabe qué oscuras intenciones.

El refrán que sí le cae como anillo al dedo, en cambio, es ese que dice que “lo que mal comienza, mal termina”. O mal continúa, habría que decir, pues esta historia aún no se acaba. El capítulo actual, el de las objeciones del Presidente a la ley estatutaria que reglamenta la JEP, tiene que analizarse en el contexto de todo lo que sucedió para que llegáramos hasta acá.

"Al objetar parcialmente la ley estatutaria, como es su derecho, el Presidente cumple con la promesa de campaña de apretarle las tuercas al acuerdo".

Lo primero fue que en 2016 el gobierno Santos hizo un cambio de reglas en medio del juego, al modificar el umbral del plebiscito sobre el acuerdo con las Farc y reducirlo al 13 % del censo electoral. Luego, a través del llamado fast-track, recortó a la mitad el trámite necesario para aprobar leyes y reformas constitucionales. El Congreso, insólitamente, renunció a su facultad de modificar los proyectos relativos al acuerdo (pero la Corte Constitucional se opuso). Políticos y gremios afines al oficialismo gastaron millones de pesos en promover ‘la paz' antes de que se hubieran estipulado las reglas de campaña del plebiscito. Entre tanto, el Gobierno tenía contentos a los medios de comunicación gracias a un gasto publicitario sin precedentes que, por momentos, superó el millón de dólares diarios. Para no hablar de la ‘mermelada' que tuvo que repartir para tener al Legislativo de su lado.

Y con todo eso, con el campo de juego inclinado escandalosamente a su favor, perdió.
Luego vendría la trampa final, el segundo intento: la refrendación del acuerdo por arte de magia en el Congreso, que sustituyó la refrendación popular que el Presidente había prometido.

De modo que, cuando los defensores de la JEP invocan su pretendida legitimidad, en virtud de la revisión que la Corte Constitucional hizo del acto legislativo que la creó y la ley estatutaria que la reglamenta, solo están contando parte de la historia. Omiten mencionar que llegamos a este punto tras una accidentada carrera de obstáculos en la que pocas vallas fueron franqueadas limpiamente.

El asunto, como ya se ha dicho, es más político que jurídico. Al objetar parcialmente la ley estatutaria, como es su derecho, el Presidente cumple con la promesa de campaña de apretarle las tuercas al acuerdo. Que lo logre o no, dependerá del Congreso, pero su mandato era claro en ese sentido.

Los miembros de la oposición, por su parte, no deberían andar tan desencajados. Suponiendo que de verdad les importe el futuro de la paz y no simplemente anotar puntos políticos, deberían ver esto como una oportunidad, tal vez la última que queda, de conferirle a la JEP la legitimidad que nunca tuvo. Lo contrario sería prolongar por muchos años la fractura social alrededor del acuerdo con las Farc, que no hará sino profundizarse y seguir dividiendo al país.

Los del No ya tuvieron que ceder cuando, sin siquiera disimularlo, se les negó el triunfo que habían obtenido en las urnas. Ahora, si las objeciones del Presidente son aceptadas por el Congreso, les tocará ceder a los del Sí. Al final, ningún bando quedará del todo contento; ningún bando se sentirá del todo derrotado; ambos podrán decir que se salieron parcialmente con la suya. Y eso es lo que permite soñar con que por fin podamos pasar esta página.

26 de febrero de 2019

UN ANTIEDITORIAL DE ANDRÉS FELIPE ARIAS

Por: Víctor Mosquera        (Tomado del periódico El Espectador)

Para el editorialista de El Espectador del domingo 24 de febrero, los Derechos Humanos tienen limite en el tiempo cuando estos se invocan para personas como Andrés Felipe Arias. Ello porque, según dicho editorial, a Arias no se le debe permitir el derecho a apelar su condena, derecho humano fundamental. Es humano y es fundamental porque es contrapeso a los yerros —premeditados o no— de los jueces cuando emiten sentencia penal, no solo minimizando el riesgo de condenar un inocente, sino también el riesgo de una arbitrariedad o abuso por parte del Estado representado en la autoridad judicial-penal. Lógico, como quiera que es la libertad del ser humano —y todo lo que ello implica— lo que está en juego.

Apelar una condena penal ante un tribunal independiente es, en consecuencia, un derecho establecido en la Convención Americana de DD. HH. y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales la República de Colombia es Estado parte. Es por ello que integran el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Es decir, son parte de ese gran pacto social llamado Constitución, el cual no excluye a colombiano alguno. Ni siquiera a Andrés Felipe Arias.

Sin embargo, según la posición editorial de El Espectador , diario defensor del pensamiento liberal, para Arias este derecho humano fundamental no aplica porque fue juzgado cuando la Constitución no concedía dicha garantía a funcionarios como él. Incomprensible posición. ¿No es del núcleo puro y duro del pensamiento liberal aquella profunda convicción según la cual los derechos de los hombres son atemporales, universales e inalienables? ¿O acaso esto excluye a quienes militan en el Centro Democrático o en el uribismo?

Es tan claro que a Arias se le debe respetar su derecho humano fundamental a apelar su condena ante un tribunal independiente, que fue nada más y nada menos que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que así lo estableció en noviembre del año pasado. En suma, defender la posición editorial de El Espectador —es decir, la no retroactividad del derecho a apelar recientemente concedido por el Congreso y la Corte Constitucional a todos los colombianos— es equiparable a sostener que cuando se abolió la esclavitud quienes habían nacido siendo esclavos debían seguir siéndolo, toda vez que, al momento de nacer, las normas no les concedían el derecho humano universal a nacer libres. Absurdo al decir lo menos (para no entrar también en el debate sobre el principio de favorabilidad penal).

Y es que en el caso de Arias la reivindicación del derecho a apelar su condena no es asunto de poca monta. Hay abundante evidencia que apunta a que los jueces que lo condenaron no solo erraron, como le puede suceder a cualquier ser humano, sino que lo hicieron a propósito. ¿Acaso olvida el editorialista los audios en los cuales varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia invitaban a sus colegas a deliberar, no en derecho, sino con “criterio político” cuando se tratase de ministros de Uribe? Como si eso fuera poco, al menos dos de los magistrados que juzgaron a Arias han sido indiciados —y uno de ellos imputado— por el “Cartel de la Toga” (por ahora). Otros dos aparecen salpicados en los audios de la DEA que desencadenaron la misma investigación. ¿Se puede considerar legítima una condena emitida por una Sala en donde por lo menos el 50 % de sus jueces están inmersos en semejante entramado de corrupción? No sobra recordar que uno de los magistrados salvó el voto estableciendo que sus colegas le habían violado a Arias el derecho de defensa. Tampoco puede obviar el editorialista que el mismo procurador general de la Nación que sancionó a Arias por el “descuido” en la entrega de los subsidios, tres años más tarde le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que absolviera al exministro por ausencia de dolo.

No es fortuito entonces que múltiples columnas de opinión en Colombia y EE. UU., así como varios artículos académicos, cuestionen severamente el contenido de la sentencia y el quantum de la pena. Solo una apelación ante un tribunal independiente puede despejar las dudas que surgen en el caso del exministro Arias.

Y en relación a la persecución de Santos, existen varios testimonios, incluso de sus funcionarios y aliados, que así lo corroboran.

También es cierto que la situación jurídica de Arias es diferente a la de los integrantes de las Farc, pues el exministro no participó en delitos de lesa humanidad. Por ello no debe sorprender al editorialista que cualquier ciudadano desprevenido termine evaluando la severidad del Estado en contra de Arias a la luz de la magnanimidad con que trata a los antiguos subversivos. Al fin y al cabo es el mismo Estado quien les administra justicia. Tampoco debe rasgarse las vestiduras el editorialista debido a las reacciones y la defensa que tantas personas, no solo sus amigos y copartidarios, hacen de Arias en las redes sociales, en el Congreso y en los medios de comunicación. Es apenas lógico ante la injusticia que salta a la vista.

3 de febrero de 2019

LA VERDAD NOS HACE LIBRES

Por: Alfonso Monsalve Solórzano      (Tomado del periódico Debate)

Luis Alfonso Hoyos fue declarado inocente del cargo de ser el cerebro detrás del saboteo al proceso de paz con las Farc que la fiscalía de Armando Montealegre le imputó, en 2014.

Todo el mundo recuerda que, en mayo de ese año, luego de que Oscar Iván Zuluaga hubiera ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales a Santos, que se presentaba para un segundo período, el país se vio sorprendido con la noticia de que Andrés Fernando Sepúlveda, quien trabajaba para el exministro de hacienda en el campo de las comunicaciones digitales, era en realidad un hacker a su servicio, contratado para sabotear las negociaciones con las Farc. Y para probar su afirmación, los de la fiscalía mostraron a la opinión pública un video en el que se intentaba mostrar la conspiración.

En los meses siguientes, el señor Montealegre acusó al candidato, a su hijo David y a asesor más cercano, Luís Alfonso Hoyos, de ser los autores intelectuales del delito, por lo que este y Zuluaga hijo se trasladaron al exterior para evitar una posible captura, mientras el señor Oscar Iván Zuluaga quedó sub judice en Colombia.

Los tres afectados alegaron siempre que se trataba de un burdo montaje de Montealegre para detener a Zuluaga porque este había dicho que, de ganar las elecciones, reversaría las negociaciones con las Farc que estaba llevando Santos.

El incidente dañó la candidatura Oscar Iván Zuluaga, quien terminó perdiendo por estrecho margen, discutido, además, por las denuncias de fraude que se hicieron públicas posteriormente.  Además, frustró su carrera política posterior porque, con la estrategia de tenerlo pendiente de un fallo judicial, optó por no presentarse a las elecciones presidenciales del 2018 en las que tenía una buena oportunidad de triunfo, para no perjudicar a su partido.

Dicho fallo llegó posteriormente, y fue absolutorio.  El montaje comenzaba a desmoronarse. Ahora con decisión de la justicia a favor de Hoyos, no sólo se evidencia, todavía más, que se trató de una burda trampa, sino que se repara -en parte y tardíamente- la injusticia cometida con el asesor. ¡Enhorabuena! Ojalá regrese al país y retome su vida y su trasegar político. Sólo queda la decisión sobre David Zuluaga, pero todo hace prever, por lo hasta aquí sucedido, que será a su favor.

Ahora bien. La actuación de la Fiscalía de Montenegro muestra la politización de la justicia y la persecución que se montó contra la oposición y pone en blanco y negro la alianza entre Santos y aquel, no sólo para perseguir a sus contradictores, sino para cambiar el curso de los acontecimientos.

En efecto, el segundo mandato de Santos resulta doblemente fraudulento, no sólo porque se alteraron las votaciones en muchos lugares del país, según denuncias que no han sido, hasta el momento, refutadas judicialmente, sino porque influyó, con una falsa noticia monstruosa, en la libre escogencia del presidente por parte de los ciudadanos. Y lo que es peor, permitió el golpe a la democracia colombiana que son las negociaciones con las Farc. Otra sería la historia colombiana si esta conjura no se hubiese atravesado. ¿Será que quedará impune?

Como sea, ya esta repugnante maniobra salió a la luz, y pone a la historia reciente del país en la debida perspectiva. Para que no nos engañen otra vez.  La verdad nos hace libres como nación.

14 de octubre de 2018

A PROPÓSITO DE UN JUICIO CANALLA    

Por: Rafael Nieto Loaiza       (Artículo tomado del periódico DEBATE)

Esta semana el juez James Lawrence King negó la libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias.

Arias sigue en una celda compartida de dos por dos metros en el Federal Detention Center de Miami, no recibe ni un minuto de sol, solo puede hablar diez minutos al día con su esposa y sus dos hijos de siete y diez años, a quienes ve apenas cuatro horas al mes. Sus abogados han apelado ante un tribunal de circuito y pidieron que se congele su extradición hasta la decisión. El Departamento de Justicia se opone porque no quiere que el tribunal se pronuncie sobre la existencia o no del tratado de extradición con Colombia. Arias solicitó asilo, aún no resuelto por el Departamento de Estado, asilo al que el gobierno Santos se opuso de todas las maneras posibles.

Arias fue pedido en extradición el 21 de noviembre del 2014, después de que fuera condenado a 17 años y 4 meses de prisión por dos delitos que no cometió. Su condena, por parte de la sala penal de la Corte Suprema, fue politizada y sin asomo de justicia. Amerita algunas observaciones:

1. El programa Agro Ingreso Seguro AIS tenía como propósito apoyar a los pequeños, medianos y grandes agricultores para que mejoraran su productividad, pudieran competir y superaran los efectos de la crisis económica global del 2008.
2. El AIS tuvo 382.611 beneficiarios, el 84% pequeños agricultores, algo más del 15% medianos y menos del 1% grandes.
3. Tenía varios componentes, uno de ellos dirigido a la construcción de distritos de riego. Todos los componentes eran administrados por entidades distintas al Ministerio de Agricultura. El de riego era operado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA, un organismo de la OEA, a través de un convenio firmado con el Ministerio.
4. Según la sentencia, el Ministerio debió haber hecho una licitación y no firmar un convenio con el IICA. Por eso condenó a Arias por “celebración indebida de contratos”. Sin embargo, varias docenas de ministros de Agricultura habían celebrado antes 132 convenios similares con el IICA. Ninguno de esos ministros fue acusado jamás, solo Arias.
5. No fue el Ministerio de Agricultura sino el IICA, el operador, quien identificó, calificó y determinó los beneficiarios de los subsidios.
6. Algunos grandes productores decidieron subdivivir los predios para beneficiarse de más subsidios. Después, todos y cada uno de quienes subdividieron llegaron a conciliaciones con el Estado, aprobadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, devolvieron la totalidad de los montos de los subsidios recibidos, indexados y con intereses. El Estado no perdió un solo peso. Por cierto, nunca se condenó penalmente a ninguno de los subdivisores.
7. Sin embargo, el otro delito por el que fue condenado como coautor Arias fue peculado a favor de terceros, aunque en la sentencia no se probó apropiación alguna de bienes o dineros del Estado por parte de Arias ni de terceros, ni se dice en ninguna parte quienes habrían sido los otros coautores.
8. Contrario a lo que se dice, en el juicio quedó probado que Arias nunca se apropió de un solo peso.
9. Tampoco es verdad que los grandes productores beneficiarios de AIS hayan financiado la campaña de Arias. A pesar de que eso dijo la Fiscalía, la Corte no encontró prueba de ello. En todo caso, hay que recordar que los beneficiarios de los subsidios eran definidos por el IICA y no por el Ministerio y que la mayoría de los grandes productores recibieron los subsidios después de que Arias había renunciado para ser candidato.

Si Arias no cometió ningún delito, ¿por qué lo condenó la sala penal? Por motivos políticos. Esa Corte no era imparcial. La mayoría de sus magistrados detestaba a Uribe, a quien responsabilizaban de chuzarlos. En grabaciones conocidas en el juicio a Diego Palacio, los magistrados dijeron que en relación con los dirigentes uribistas había que decidir por “conveniencia política” y no conforme a derecho. Después se negaron a elegir Fiscal de las ternas presentadas por el presidente Uribe. Arias era su consentido y querían evitar que fuese presidente.

Por último, ¿hay que recordar que varios de quienes lo condenaron se declararon “víctimas” de Uribe? ¿Que hay dos, Bustos y Malo, implicados en el cartel de la Toga? ¿Que la magistrada Salazar nunca estuvo en el juicio y sin embargo firmó la sentencia? ¿Qué también firmó Barceló, probadamente antiuribista?

De acuerdo con los tratados de derechos humanos, Arias pidió una segunda instancia por un tribunal  imparcial. La Suprema se niega. Mientras, los Estados Unidos deberían darle asilo. Para ello será fundamental lo que el nuevo gobierno de Duque diga al Departamento de Estado. El juicio y la sentencia contra Arias son una canallada. Hasta que no se posible restablecer la justicia, debería estar en libertad.

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