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23 de septiembre de 2018
SOSPECHOSO ERROR
Autor: Mauricio Vargas (Artículo tomado del diario El Tiempo de Bogotá)
Quedé estupefacto hace unos días, cuando leí la carta que, el 10 de septiembre, una funcionaria de la Sala Penal de la Corte Suprema le dirigió al expresidente Álvaro Uribe. Por instrucciones del magistrado José Luis Barceló, la firmante de la nota le informó al senador que en un proceso contra otro congresista, el representante chocoano Nilton Córdoba, el celular de Uribe fue intervenido durante varias semanas de manera accidental. En medio del galimatías que caracteriza la misiva, es posible concluir que la Sala Penal de la Suprema intervino dicha línea celular creyendo que se trataba del móvil del congresista Córdoba, investigado en el escándalo del ‘cartel de la toga'. Ante el natural estrépito que produjo que la Sala Penal, acusada desde hace años de actuar con un sesgo anti-Uribe, hubiese violado el derecho a la intimidad del exmandatario por un oscuro procedimiento que la Corte atribuía a un accidente, Barceló –quien semanas atrás, en una decisión altamente controvertida, había citado a indagatoria al expresidente– salió a los medios a intentar explicar lo ocurrido. El magistrado, por demás presidente de la Suprema, dio a entender que la culpa la tuvo el representante Córdoba porque, según lo sugirió el magistrado, en sus primeras diligencias ante la Corte entregó el número del celular de Uribe como si fuera el del parlamentario chocoano.
Córdoba dijo a los medios que él no había entregado ese número y complicó con ello a Barceló, quien se mantuvo en que no hubo error de la Corte. No contento con eso, sostuvo que las conversaciones interceptadas a Uribe podían ser usadas no en el proceso contra Córdoba, sino en el que la Corte sigue contra el exmandatario, y que ya no manejará Barceló por la creación de las nuevas salas y de la doble instancia, donde quizás haya más garantías de equilibrio para saber si el exmandatario cometió o no un delito, pues con Barceló parecía condenado de antemano.
Consulté con varios penalistas, y todos me dijeron que interceptar a Uribe sin justificación y por un supuesto accidente puede viciar de nulidad esas pruebas. Al quedar en evidencia y disparar la sospecha de una maniobra para chuzar al expresidente sin el debido proceso, Barceló volvió al ataque. En una larguísima entrevista con semana.com, ensayó otra versión: que como Córdoba era investigado desde hace varios años, fue en ese entonces cuando identificaron como suyo el celular de Uribe. ¿De modo que, antes de interceptar un teléfono anotado años atrás, la Sala Penal no verifica que sea el del indagado? Para lavarse las manos, Barceló les echó la culpa del desatino a agentes del CTI, que –bueno es aclararlo– trabajan bajo las órdenes de los magistrados.
Entiendo que usted, lector, se pierda un poco con estas explicaciones. Yo también me perdí leyendo y releyendo oficios de la Sala Penal y frases del magistrado. En vez de tanta justificación enredada, lo que le correspondía a Barceló, dada la dignidad de su cargo de presidente de la Corte Suprema, era reconocer de frente el error, presentarle disculpas a Uribe y, muy posiblemente, decretar la nulidad de las pruebas recogidas por tan ilegal procedimiento. Lo demás es intentar explicar lo inexplicable, echando mano de un amasijo de argumentos poco convincentes, cuando lo que hubo fue una metida de pata descomunal –y sospechosa– de la Sala Penal de la Corte.
* * * *
Sospecha confirmada. Al pedir las pruebas que Estados Unidos tiene contra ‘Santrich', en clara violación del procedimiento de ley, la JEP sigue embolatando la extradición del amigo del cartel de Sinaloa y confirma así la sospecha de que está dispuesta a proteger a este oscuro personaje. Parece que los exabogados de las Farc que trabajan en ese tribunal están haciendo la tarea.
25 de agosto de 2018
Autor: Mauricio Vargas (Artículo tomado del diario El Tiempo de Bogotá)
CINISMO EN LAS CORTES
Creo que me estoy volviendo viejo y que mi escala de valores pasó de moda. Sea como sea, ya no coincide con la de las altas cortes. En el caso de la Suprema, su sala penal lleva años dejándonos en claro que si se trata de personajes de izquierda, sus acciones delictivas son menos graves que las de quien milite en centro o derecha. Mientras esa corte pasó una década indagando la ‘parapolítica' y en muchos casos –no en todos– tuvo razón y aplicó merecidos castigos, se negó a investigar la ‘Farcpolítica', a pesar de la nutrida evidencia que compromete a líderes de izquierda con actividades de la guerrilla.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han sintonizado con ese sesgo. En el caso del Consejo, acaba de condenar a la nación como responsable de la espantosa acción terrorista en el club El Nogal de Bogotá, en febrero de 2003, en la que murieron 36 personas y resultaron heridas cerca de 200. Argumentan los autores del fallo que las autoridades no protegieron en forma debida el club, aunque –dicen– allí se celebraban reuniones de autoridades gubernamentales, entre ellas funcionarios del Ministerio de Defensa.
El fallo abre las puertas a multimillonarias demandas contra la nación, que pagaremos los contribuyentes. Mientras tanto, los comandantes de las Farc solo tendrán que aceptar que estuvieron detrás de ese holocausto, para seguir gozando de las prebendas que les otorgó el acuerdo de La Habana –y que incluyen no pagar cárcel efectiva por algunos de los peores crímenes de la historia de Colombia– y disfrutar de curules regaladas en el Congreso.
De la plata para resarcir a las víctimas –verdaderas fortunas amasadas por los jefes de la guerrilla– poco se sabe, y apenas ahora la JEP –la jurisdicción creada en la mesa de La Habana para procesar de modo indulgente a los exguerrilleros– acaba de hacerles a ‘Timochenko' y sus socios un tímido requerimiento sobre el asunto. Apuesto que eso no llega a nada: los antiguos comandantes andan empeñados en demostrar que el grueso de su fortuna se lo gastaron en la noble tarea revolucionaria.
Pero las palmas doradas se las lleva la Corte Constitucional. Tras revisar la ley estatutaria de la JEP, sus magistrados resolvieron pasarse el derecho internacional por donde sabemos e incluir en los crímenes sujetos a tratamiento especial –cero cárcel efectiva y otras prerrogativas– la violación y otros abusos sexuales contra las mujeres –muchas de ellas menores de edad– que, como lo demuestran numerosos testimonios, fueron una práctica sistemática entre grandes y medianos jefes de las Farc.
Ya nos habíamos tenido que tragar un sapo gordo: que ‘Timochenko' y compañía eran narcotraficantes solo en aras de la revolución, pues ese crimen quedó calificado como conexo al de rebelión. Pero ahora, a juzgar por el comunicado de la Constitucional, esa corte da a entender que los autores de miles de violaciones y abusos sexuales sistemáticos también merecen un tratamiento benigno de la JEP. ¿Acaso esos crímenes se hicieron en el nombre de la guerra popular y el socialismo? Dr. Alejandro Linares, presidente de la Constitucional, y demás magistrados: no sean cínicos.
Como si fuera poco, el comunicado sobre el fallo –su contenido íntegro tardará unas semanas– ha prendido las alarmas en la Fiscalía General, pues limita –más aún que el acuerdo de La Habana– las facultades de investigación de esa entidad sobre muchos de los crímenes cometidos por las Farc, incluido el narcotráfico continuado –caso Santrich– y los de lesa humanidad. El mensaje de las altas cortes a las nuevas generaciones es claro: maten, secuestren, narcotrafiquen, violen menores, que, si es en nombre de la revolución, les saldrá baratísimo.
22 de agosto 2018
INDIGNACIÓN NACIONAL POR SENTENCIAS TANTO DEL CONSEJO DE ESTADO COMO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
La sentencia del Consejo de Estado colombiano también provoca indignación entre los países que han sufrido atentados por parte de los terroristas como en los Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y otros.
1. Consejo de Estado condena a la Nación por atentado al Club El Nogal
El alto tribunal dijo que el Estado debía tomar medidas para garantizar la seguridad. El Consejo de Estado condenó a la Nación por el atentado al Club el Nogal, cometido en el 2003 por las Farc, y que dejó 39 muertos y 198 heridos.
Según el alto tribunal, el Estado es responsable administrativa y patrimonialmente por "la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones" de este exclusivo Club.
Para el Consejo de Estado, en este atentado la Nación, representada por la Fiscalía, el DAS, el Ministerio de Defensa, del Interior y la Policía, incumplió sus obligaciones de prevención, seguridad y protección a la población, pues esas instituciones se abstuvieron "de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República".
El fallo dice que habían sido señaladas las instalaciones del club como un posible blanco de un atentado, por lo que el Estado debía prevenir cualquier riesgo.
La decisión, tomada por la subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó una decisión con la que el Tribunal Administrativo había negado las pretensiones de reparación de las víctimas.
Según la Sala, la población civil "no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales".
El Consejo de Estado dice que ese riesgo se generó porque en el Club se hicieron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciadas por el Ministerio del Interior, y además de comprobó "la pernoctación de la ministra de Defensa de la época (Martha Lucía Ramírez) en el lugar donde se produjo el ataque".
Para la Corte, estos hechos crearon un riesgo que debía ser prevenido. Esto porque el país se encontraba en una difícil situación de orden público que "obligaba a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil".
Ante esta decisión, el Estado debe indemnizar los perjuicios morales y materiales que sufrieron las víctimas. Así, como medida de reparación, se ordenó la instalación de una obra de arte cerca de la zona afectada por el atentado, previo un proceso acordado con los familiares de quienes murieron y las personas que resultaron heridas en ese hecho. Esa obra debe ser entregada en un acto de desagravio público.
El fallo será enviado al Centro de Memoria Histórica y a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como a la Comisión de la Verdad".
(Artículo tomado del diario El Tiempo de Bogotá)
30 de julio de 2018
Columna de Darío Acevedo Carmona tomada del periódico El Espectador
La gran cacería contra Álvaro Uribe Vélez
En la novela El hombre que amaba a los perros, del escritor cubano Leonardo Padura, y en la película El elegido, dirigida por el español Antonio Chavarrías, se cuenta la historia de uno de los crímenes más resonantes del siglo XX, el asesinato del dirigente bolchevique León Trotsky a manos de Ramón Mercader en México.
La narración permite apreciar en todos sus detalles la minuciosa y meticulosa preparación del plan ordenado por José Stalin, archienemigo de Trosky, llevado a cabo por la inteligencia comunista de la NKVD antecesora de la tenebrosa KGB.
El temible y sanguinario dictador José Stalin persiguió a Trotsky, fundador del Ejército Rojo, lo condenó al destierro, lo borró de la Historia Oficial, la verdadera de los comunistas, y luego lo mandó matar. La persecución inició en 1924 y culminó con su asesinato al cabo de una incesante cacería el 21 de agosto de 1941. Sugiero a mis lectores leer la novela y ver la película que estoy seguro los atraparán.
Traigo a cuento esa historia porque de alguna manera, guardadas las diferencias de tiempo, modo y lugar, de protagonistas y desenlaces, a lo que más se me parece lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe Vélez en Colombia es a una cacería como la que le tendieron a León Trotsky.
Entre los cazadores principales hay personas que tienen formación ideológica estalinista, dogmáticos, duros, persistentes, desalmados, acuciosos, pacientes y meticulosos, dispersos en partidos, guerrillas y ONG. Estos cazadores profesionales se han aliado con otros grupos entre los que hay cazadores furtivos y cuentan con una jauría de perros que olisquean los rastros de la presa.
Los intríngulis del affaire Corte Suprema de Justicia-Uribe, según una crónica del portal de periodismo de investigación Los Irreverentes, nos remiten hacia el palacio presidencial. ¿Complot de complots? Presidente, vicepresidente, generales, magistrados, Jurisdicción Especial de Paz, senadores mamertos y populistas de extrema izquierda, Farc, millones de dólares, a bordo. (Ver: https://elexpediente.co/el-expediente-revela-informe-de-contrainteligencia-sobre-supuesto-complot-criminal-contra-alvaro-uribe/)
En la jauría hay periodistas destacados alejados de su misión profesional, jueces sin venda, maestros que en vez de educar adoctrinan, obispos que confunden cristianismo con comunismo, académicos anclados al marxismo, políticos no comunistas por ingenuidad u oportunismo.
La víctima fue señalada desde 1986, pero la campaña tomó forma en 1995, cuando al asumir la Gobernación de Antioquia y basado en un decreto expedido por el presidente César Gaviria, con autorización del ministro de Gobierno Horacio Serpa y del presidente Ernesto Samper, todos liberales, aprobó la creación de cooperativas de seguridad conocidas como Convivir. Eran tiempos de auge de las guerrillas y de grupos paramilitares que ya operaban desde la década anterior y aquellos gobernantes habían decidido apelar a la cooperación legal de los civiles en los asuntos de seguridad.
La presa de los estalinistas colombianos encaró con firmeza la lucha contra el flagelo de la violencia política. Luego se proyectó con sus críticas al proceso de paz de Pastrana con las Farc y alcanzó la Presidencia en 2002 con la promesa de restablecer la seguridad perdida sin afectar la democracia, resumida en la Seguridad Democrática, le devolvió a la Fuerza Pública el monopolio de las armas, desactivó el paramilitarismo y les propinó durísimos golpes estratégicos a las guerrillas.
Eso lo convirtió en la presa más deseada de las guerrillas, sus milicianos y colaboradores o paraguerrilleros en la civilidad.
La estrategia de los cazadores se adelanta en tres frentes complementarios. El político, con una campaña de denuncias, publicitada ampliamente a través de ONG humanitaristas colonizadas por sus milicianos, que lo convirtieron en el responsable de varios asesinatos y de algunas masacres para desfigurarlo ética y moralmente y mostrarlo como promotor del paramilitarismo. La campaña se ha estado haciendo nacional e internacionalmente. Los cazadores, en este campo, en general, no se presentan ni se asumen como comunistas, sino como víctimas del Estado colombiano y defensores de derechos humanos. No portan armas de fuego, pero se adueñaron de esa bandera para usarla de careta en la cacería.
El otro frente, el militar, es en el que han fracasado todas las veces que han intentado darle el tiro de gracia. Llevan a cuestas más de diez atentados contra el ágil felino que se les escabulle.
Y el frente judicial, el del momento, en el que están cifradas sus esperanzas para coronar a su presa. Dieron el giro de las armas a negociar la paz y a predicar la reconciliación, en su estilo, dejando disidencia armada de reserva. Ya son congresistas sin pagar cárcel, y son tratados como justicieros y personajes de la vida nacional.
Reciben la generosa colaboración de la jauría leal, que olfatea el rastro de la víctima a la que creen débil, dicen tenerla cercada. En esa jauría hay perros de raza que se pasean por las cárceles buscando testigos, otros conspiran con magistrados, uno viene de un palacio, algunos se parapetan en salas de redacción y disparan teclas, y muchos más son puras urracas. Unos ladran, otros gaguean, y en la espesura del bosque una manada de loros y loras repite “A la cárcel a la cárcel”, mientras millones de espectadores que no quieren ver sucumbir a la víctima miran expectantes la película…
29 de julio de 2018
Columna de Ramón Pérez Maura tomada del periódico ABC de España:
"Modelo canónico de lo que es una confabulación
Sólo a Uribe se le ha imputado por presionar a un testigo. Pero al senador Iván Cepeda, que se ha reunido con ese testigo 21 veces, no se le ha acusado de nada La izquierda tiene miedo al nuevo presidente colombiano, Iván Duque. Su objetivo, incluso antes de que se confirmase su victorial el pasado 17 de junio, pero seguros ya de que era la voluntad inalterable del pueblo colombiano, era el de bloquearle políticamente antes de su posesión el próximo 7 de agosto. En estas páginas de ABC decíamos el 19 de junio que «el temor de muchos es que Santos aproveche estos casi dos meses que quedan hasta el traspaso del 7 de agosto para poner alguna última zancadilla a sus rivales políticos. Es difícil saber qué, pero no se puede descartar un uso pervertido de la justicia». Y ha ocurrido. El pasado martes, cuatro días después de tomar posesión de su curul como el senador con la mayor votación de la historia de Colombia, el presidente del partido de Duque, Álvaro Uribe, ha anunciado su renuncia por una indagatoria en su contra de la Corte Suprema de Justicia. Esa Corte de la que, tras dos mandatos, Santos ha hecho un traje a medida.
A Uribe se le ha abierto un proceso bajo acusación de manipulación de testigos.
Y en la legislación colombiana una causa de detención preventiva es la manipulación de pruebas. Uribe puede acabar en la cárcel en breve. El caso es como sigue: un tal Juan Guillermo Monsalve sostuvo hace tiempo que en la hacienda Las Guacharacas, que gestionaba su padre, Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunían para planear delitos. Este Monsalve es un delincuente con múltiples condenas y su propio padre lo ha desmentido. A Monsalve lo ha visitado en la cárcel hasta 21 veces Iván Cepeda, senador y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado. Después de las visitas de Cepeda varias personas dicen a Uribe que Monsalve está dispuesto a retractarse y, por tanto, hay que reunirse con él. Se designa a varios congresistas y abogados para que lo vean. A otros les dan otras razones para hacer la visita a la cárcel de La Picota. Al abogado de Uribe, Jaime Lombana, le piden que vaya a ver al delincuente Enrique Pardo Harche. Cuando se encuentra con él en la cárcel de La Picota, Pardo le ruega que se reúna con Monsalve. Lombana se niega, pero ya queda registrada su visita a la cárcel en la que está Monsalve.
Algunos de los que fueron a ver a la cárcel a Monsalve u a otros presos tenían ya una imputación 48 horas después de haber visitado la cárcel. Algunos jueces los estaban esperando. Y, ¡oh, sorpresa! Monsalve tenía un aparato para grabar sus conversaciones, lo que la ley colombiana prohíbe tener en las cárceles. Según el senador -no uribista- Armando Benedetti, las conversaciones de Monsalve se graban con ayuda del MI6. ¿Quién dio la orden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dependiente de la Policía nacional, para que permitiese a Monsalve tener una grabadora?
El resultado de esto es que sólo a Uribe se le ha imputado por presionar a un testigo. Pero al senador Iván Cepeda, que se ha reunido con ese testigo veintiún veces, no se le ha acusado de nada. Porque el objetivo que tienen Santos y su Corte es bloquear la Presidencia de Duque desde su gestación. Al nuevo presidente no es que no le vayan a dar 100 días de cortesía. Lleva defendiéndose de innumerables ataques desde seis semanas antes de asumir el poder. Y su proyecto de reformar la Corte Suprema de Justicia está ya muerto. Después de este proceso contra Uribe ¿cómo va él a cambiar ni un ujier en la corte que persigue a su mentor?"
(Firmado por Ramón Pérez Maura) Periódico ABC (España)
27 de julio de 2018
Informe de contrainteligencia revelado por el periodista Gustavo Rugeles (Haga clic sobre el título)
'El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe'
26 de julio de 2018
1. La Corte Suprema de Justicia. Editorial de La Hora de la verdad . (Haga clic en ' La hora de la verdad')
2. Complot contra el Dr. Álvaro Uribe Vélez: Rafael Nieto Loaiza (haga clic en el nombre de Rafael Nieto)
26 de julio de 2018
Columna del Dr. Juan Gómez Martínez (Tomada del peródico El Colombiano.
" ¿Se apica el código de policía?
Cuando se comete un acto inmoral en la calle o en otros lugares públicos, según el nuevo código de policía, su autor se hace acreedor a una sanción. Supongo que si ese acto inmoral se hace en el sagrado recinto del Congreso de la República, con mayor razón merece una sanción ejemplarizante. Más grave aún, si un senador, un exalcalde, un exrector universitario, un educador, un gran contratista del Estado que está obligado a dar ejemplo, comete esta grave falta en presencia de los más altos dirigentes de Colombia y frente a millones de colombianos por medio de la televisión, este acto merece una sanción mayor. Que no nos vengan a decir, como han pretendido, que esa acción inmoral y grosera es parte de la educación que ese ¿señor? está acostumbrado a darnos. La Ley Quinta de 1992 que reglamenta la acción parlamentaria es clara en exigir respeto para el Congreso de la República y para todos los colombianos.
Es una vergüenza nacional e internacional, aquí se discute si merece sanción. Definitivamente algunos de nuestros dirigentes no tienen conciencia del compromiso con la patria. Por eso estamos como estamos, y más, en estos últimos ocho años. El pueblo ya se dio cuenta y ha elegido a los mejores para la presidencia y la vicepresidencia.
Escribiendo estas líneas llega la noticia de la renuncia del presidente Uribe al Senado de la República, para someterse a la justicia que impartirá la Corte Suprema de Justicia. Qué ejemplo el que nos da nuestro líder, que da muestras de respeto y acatamiento a nuestra justicia a pesar de lo que estamos viviendo con unas cortes que no gozan del reconocimiento del pueblo, como lo muestran las encuestas. Renuncia a la alta dignidad del parlamento para responder a la justicia. Qué ejemplo para quienes se aferran a la inmunidad parlamentaria para eludir la aplicación de la justicia. Lo que muestra el mejor presidente en la historia de Colombia es tener la conciencia tranquila, eso es saber que se puede enfrentar a sus acusadores y verdaderos enemigos confiado en que se aplicará una verdadera justicia como todos esperamos que se aplique. No es fácil someterse a la justicia sabiendo que los testigos siguen siendo los mismos que él llevó a la cárcel por los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano, no es fácil hacerlo cuando algunos de sus colegas en el Congreso recorren las cárceles para conseguir esos testigos en contra de quien sí les aplicó la justicia. Sólo el presidente Uribe tiene ese valor y da muestras de tener una conciencia tranquila.
Qué ejemplo para aquellos que se escudan en el llamado acuerdo de paz para estar en el Congreso a pesar de no haber pagado pena alguna por sus crímenes de lesa humanidad, por los secuestros, por el reclutamiento de niños, por la violación de niñas, por hacerlas abortar, por la destrucción de pueblos y tantas cosas más.
Presidente Uribe: cada vez lo admiro más, cada vez lo respeto más, cada vez se crece más y será ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Presidente Uribe: el pueblo colombiano está con usted y cuente con ese pueblo".
25 de julio de 2018
Nota tomada de twishot.com
Dr. Álvaro Uribe Vélez
1. Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros.
2. Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso.
3. Ese día, y en otras oportunidades, he pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra.
4. En la Fiscalía General, en el expediente sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, reposa una extensa declaración mía acerca de testigos que están en el extranjero, que han ofrecido declarar sobre este asesinato, sobre las acusaciones contra mi hermano y sobre los pagos del narcotráfico a asesores políticos de Santos con desviaciones a su campaña, tema ocultado por las autoridades de aquel momento.
5. Dicha declaración tuvo como origen una conversación con el doctor Andrés Felipe Arias, en audiencia judicial de Miami, a finales de 2016, en la cual me informó que extraditados colombianos, que estaban en la misma cárcel, comentaban que las acusaciones contra mi hermano obedecían a un montaje para vengar mi decisión de extradición.
6. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juán Carlos Sierra (El Tuso), que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe envié carta a la Corte para que lo escucharan. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado.
7. Sobre la ex fiscal y testigo Hilda Jeaneth Niño me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera, me expresó que su familia es amiga de la familia de la ex fiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la Fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella y nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado, para que ahora hablen de un fallo de tutela que estaba producido, que desconozco o de cambio de sitio de detención, ajeno a mi alcance.
8. Por información de otro abogado, mi abogado contactó al testigo Carlos Enríque Vélez, cuya declaración está en la Corte.
9. Mi abogado tomó un video a la señora Eurídice Cortés (Diana), a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El video se allegó a la Corte Suprema.
10. Estaba yo en plena campaña en Pacho, Cundinamarca, se me acercó el señor Hamilton Mosquera, se presentó como desmovilizado, me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme, lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del Coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos, mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton.
11. Los declarantes Elmo José Mármol, Jiovanny Alberto Cadavid y Máximo Cuesta Valencia, fueron contactados por mi abogado a raíz de una información de la doctora Ángela López a uno de mis asesores.
12. La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juán Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enríque Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte.
13. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, a un diputado del Huila y a Álvaro Hernán Prada.
14. El doctor Jaime Lombana, quien ignoraba totalmente el tema, ha narrado públicamente como Monsalve utilizó una visita suya al recluso Enríque Pardo para tratar de involucrarlo.
15. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa.
16. El doctor Álvaro Hernán Prada se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos. Lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve, me llamó, me preguntó si ese testigo existía, le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como ojalá diga la verdad. Tiempo después el doctor Prada me informó que todo había sido un montaje, poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme.
17. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión, y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos.
18. Haré llegar este papel a los magistrados y lo ampliaré en todo cuanto conozca,
Álvaro Uribe Vélez
22 de julio de 2018
Columna del Dr. Rafael Nieto Loaiza tomada del periódico Debate
No hay motivo para fiesta
No conozco antecedente alguno. Son ocurrentes los insultos, las trompadas, algún intento de golpe de estado, como el de Tejero en el Congreso de los Diputados en España, incluso asesinatos, como el de Julio César a manos de Bruto y otros senadores romanos.
Pero nunca se había sabido de un congresista que se bajara los pantalones en un recinto parlamentario. Quizás por eso fuera inevitable que la atención se centrara en el trasero de Antanas Mockus. Pero no por único es menos desafortunado.
Lo de Mockus es patético. No hubo en su gesto un “acto simbólico”. Fue pura vulgaridad, patanería, ordinariez. Es verdad que Antanas ha sido un hombre inclinado al exhibicionismo, a payasear, deseoso siempre de llamar la atención. Pero en esta ocasión la falta de pudor, de vergüenza propia, no tiene parangón. Una falta de respeto a sus colegas y al recinto y, sobre todo, a sí mismo. No hubo tampoco acá pedagogía alguna. Excepto el trasero, no enseñó nada distinto que su incapacidad de comunicarse racionalmente y su grosería. Es este el “profesor” que usaron de bandera los verdes. Por el bien de Colombia, confío en que nuestros jóvenes no aprendan de tan mal ejemplo. Y ya en esto, digamos con franqueza que hay poco, muy poco que aprenderle a Mockus en su trayectoria pública: no hay nada ejemplarizante en su colaboración juvenil con las Farc, en su enmermelada con Santos, en su disposición a pasarse por la faja la ley postulándose y haciéndose elegir sabiendo, como sabía, que lo cobijaba una inhabilidad tan grande como una catedral.
Tenemos que construir una sociedad en la que la ley sea para todos y en la que los ciudadanos entiendan que respetarla es la clave de la convivencia y del desarrollo. Por eso si la pelada de Mockus es patética, es aun más grave que la izquierda, apenas minutos después, decidiera postularlo como presidente del Congreso.
Decía Yolanda Ruiz, en un aparente intento por minimizar la conducta del ex Alcalde, que ”es un irrespeto mayor saber que tantos corruptos han llegado a una curul en ese recinto”. Primero, que haya habido corruptos en el Congreso no explica, exculpa o justifica la grosería de Mockus. Después, a muchos de esos bandidos la justicia los sancionó. Finalmente, peor, mucho peor, es la presencia en el Congreso de asesinos, violadores, secuestradores, terroristas. Malísimo fue que pasaran por ahí tantos políticos vinculados con “paramilitares”. Y penoso que alguna vez se invitara a Mancuso y compañía. Pero al menos ellos terminaron en la cárcel y ninguno de los jefes paras ocupó curul de congresista. En cambio, ahora diez criminales de guerra y de lesa humanidad ya no solo visitan el Congreso sino que ocupan, orondos, sillas de parlamentarios.
Y eso es tal vez lo peor del affaire Mockus: distrajo la atención, escondió la presencia de los criminales en el que debía ser altar de la democracia. Los santistas y la izquierda celebran “el salto de las montañas al Congreso, de la guerra a la política”. Yo, como cualquier ciudadano que quiere la paz, aplaudo que hayan dejado de matar. Pero en una sociedad decente, en una sociedad civilizada, no puede haber fiesta en que los asesinos, además impunes, sean senadores y representantes sin haber pagado por sus crímenes, sin haber reparado a sus víctimas, sin haber contado la verdad, sin haber colaborado con las autoridades para desmontar las organizaciones criminales que los apoyaban, sin haber entregado sus fortunas mal habidas. Ahí no puede haber celebración alguna sino, muy por el contrario, tristeza profunda.
Y si, para rematar, los asesinos son congresistas sin haber sido elegidos, sin tener los votos, sin contar con al menos algo de apoyo popular, no solo debe haber desconsuelo sino frustración y rabia. Que Santos haya claudicado, se haya rendido, haya regalado esas curules, es un sapo inmundo y gigantesco que, tras robarnos el plebiscito y violar los principios básicos de la democracia, nos han obligado a tragar. ¡Pero, por favor, no nos pidan que hagamos fiesta!
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